VAMOS A VER

Los operadores audiovisuales y el Gobierno pactaron la reforma del sector en los últimos compases de la pasada legislatura. La remodelación quedó vertebrada principalmente por dos vías: la Ley General Audiovisual y el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. Por supuesto, todo condicionado a que el PSOE revalidara su mayoría en las urnas. El objetivo, además, era empezar el nuevo curso político con estas dos leyes. En la negociación juegó un papel clave la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega.

El primer anteproyecto, de Ley General Audiovisual, se ha visto completado desde aquella primera redacción por la nueva Directiva comunitaria para este sector, que ahora deberá incorporarse al Derecho nacional y que deberá depurar aspectos tan importantes para la futura marcha del mercado como la cuantificación del tiempo de un anuncio, figura clave para el desarrollo de la estrategia publicitaria.

El anteproyecto, de 76 artículos y 13 disposiciones transitorias, argumenta la necesidad de esta revisión normativa a la vigencia de un sistema legal que «ya no responde a la problemática actual del sector audiovisual, que tiene que afrontar el reto de la digitalización y de la convergencia de tecnologías y mercados». La Ley Audiovisual pasa a considerar servicios de interés general la prestación de radio y TV, que ahora se cataloga como «servicio público esencial». También se redefine la misión del servicio público de radio y TV y se establece un nuevo sistema de habilitaciones, distinguiendo a los titulares de los canales de los prestadores de servicios de difusión, con actividades para las que se precisa licencias (difusión por ondas terrestres hertzianas) y otras para las que basta con una notificación.

Uno de los principales flecos pendientes es el que hace mención a las cuotas de producción en lenguas cooficiales. En el borrador figura una referencia expresa al «fomento del pluralismo lingüístico, incluso en servicio de ámbito nacional», pero quedó pendiente el acuerdo con los entonces socios parlamentarios del Gobierno para su consenso definitivo.

Por lo que respecta al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, se presenta como una autoridad independiente con cuatro fines principales:

a) Velar por el respeto de los derechos y libertades en el ámbito de los medios de comunicación públicos y privados;

b) Garantizar la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación audiovisual, su pluralismo y su libre competencia;

c) Supervisar el cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas a la radio y la TV de titularidad estatal, y

d) Velar por los contenidos de los canales radiofónicos y de TV, para que respeten los principios y valores constitucionales.

El Consejo de Medios, sin capacidad ejecutiva en materia de contenidos, queda perfilado como una institución arbitral, legitimada para ejercer acciones judiciales en el ámbito de sus competencias.
Su función asesora incluye aspectos tales como emitir informes sobre los proyectos de disposiciones de carácter general relativos al sector audiovisual, elaborar estudios, informes, balances estadísticios y dictámentes a iniciativa propia o a instancias de las Cortes o el Gobierno, y proponer al Ejecutivo la elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de la actividad audiovisual.
El Consejo estará compuesto por diez miembros, nombrados por el Gobierno previa propuesta del Congreso, por mayoría de dos tercios, para un periodo de seis años, para cuya elección se exigirá una mayoría reforzada de dos tercios de la Cámara. Las destituciones requerirán mayorías de dos tercios en el Congreso de los Diputados.

Ley Audiovisual y Consejo de Medios,

primeros compromisos del Gobierno

(Abc - 12.03.08)
F. Álvarez.