La decisión del Gobierno de transferir al País Vasco las competencias en la gestión de las telecomunicaciones constituye una auténtica revolución en el mercado español.
No sólo rompe con la tradicional concesión de licencias únicamente de ámbito nacional, sino que al permitir que un Ejecutivo autonómico pueda conceder una licencia de telefonía móvil con operatividad en su perímetro territorial, el Gobierno renuncia a una competencia hasta ahora reservada estratégicamente para el Estado. Se trata de uno de los pagos que el Gobierno hace al PNV para recabar el apoyo de los nacionalistas vascos a los presupuestos del Estado.
Desde un punto de vista político, la decisión pone de manifiesto el mercadeo en el que han derivado los presupuestos del Estado, donde en la asignación de recursos desgraciadamente empieza a ser habitual la subordinación de la racionalidad económica y el interés al beneficio oportunista de aquellas autonomías cuyos diputados nacionalistas pueden poner en valor sus apoyos al Gobierno de turno.
Por ello, no es descabellado pensar que detrás del País Vasco vendrán Cataluña y Galicia en demanda del mismo trato, lo que supondría un agravio para el resto de comunidades si finalmente no gozaran todas de las mismas reglas de juego. Sería en todo caso un desatino.
Desde la óptica de la eficiencia económica, supone un nuevo paso en el indeseado proceso de fragmentación de la unidad de mercado, que como demuestra la experiencia acaba teniendo más efectos contraproducentes que eventuales beneficios.
El intervencionismo identitario de muchos gobiernos regionales ha desembocado en una maraña regulatoria que supone un auténtico calvario para las empresas, además de alimentar la discrecionalidad y el clientelismo político.
Este sistema territorializado obligaría a 17 procesos de adjudicación distintos, uno por cada región, con el riesgo de criterios distintos, cuando lo lógico sería un concurso o subasta por licencia para evitar asimetrías.
Parece que el Gobierno olvida su promesa de aliviar cargas burocráticas a las empresas por la fragmentación del mercado y crear “licencias únicas de actividad económica” para operar sin trabas en todo el territorio nacional.
Ya en el colmo del absurdo, al trocear una de las cuatro nuevas licencias podría darse el caso de que uno de los operadores no tenga una licencia que cubra todo el ámbito nacional, lo que plantearía problemas de cobertura de red, y habría que recurrir al roaming –cuando un operador utiliza la red de otro–, como ocurre ahora en las llamadas transfronterizas.
Esto, además de introducir mayor complejidad, provocaría un indeseado encarecimiento del servicio. La centrifugación del Estado no está siendo inocua para la actividad
No sólo rompe con la tradicional concesión de licencias únicamente de ámbito nacional, sino que al permitir que un Ejecutivo autonómico pueda conceder una licencia de telefonía móvil con operatividad en su perímetro territorial, el Gobierno renuncia a una competencia hasta ahora reservada estratégicamente para el Estado. Se trata de uno de los pagos que el Gobierno hace al PNV para recabar el apoyo de los nacionalistas vascos a los presupuestos del Estado.
Desde un punto de vista político, la decisión pone de manifiesto el mercadeo en el que han derivado los presupuestos del Estado, donde en la asignación de recursos desgraciadamente empieza a ser habitual la subordinación de la racionalidad económica y el interés al beneficio oportunista de aquellas autonomías cuyos diputados nacionalistas pueden poner en valor sus apoyos al Gobierno de turno.
Por ello, no es descabellado pensar que detrás del País Vasco vendrán Cataluña y Galicia en demanda del mismo trato, lo que supondría un agravio para el resto de comunidades si finalmente no gozaran todas de las mismas reglas de juego. Sería en todo caso un desatino.
Desde la óptica de la eficiencia económica, supone un nuevo paso en el indeseado proceso de fragmentación de la unidad de mercado, que como demuestra la experiencia acaba teniendo más efectos contraproducentes que eventuales beneficios.
El intervencionismo identitario de muchos gobiernos regionales ha desembocado en una maraña regulatoria que supone un auténtico calvario para las empresas, además de alimentar la discrecionalidad y el clientelismo político.
Este sistema territorializado obligaría a 17 procesos de adjudicación distintos, uno por cada región, con el riesgo de criterios distintos, cuando lo lógico sería un concurso o subasta por licencia para evitar asimetrías.
Parece que el Gobierno olvida su promesa de aliviar cargas burocráticas a las empresas por la fragmentación del mercado y crear “licencias únicas de actividad económica” para operar sin trabas en todo el territorio nacional.
Ya en el colmo del absurdo, al trocear una de las cuatro nuevas licencias podría darse el caso de que uno de los operadores no tenga una licencia que cubra todo el ámbito nacional, lo que plantearía problemas de cobertura de red, y habría que recurrir al roaming –cuando un operador utiliza la red de otro–, como ocurre ahora en las llamadas transfronterizas.
Esto, además de introducir mayor complejidad, provocaría un indeseado encarecimiento del servicio. La centrifugación del Estado no está siendo inocua para la actividad
EXPANSIÓN
OPINIÓN
Cesión al PNV en telecomunicaciones
22.10.08
http://www.expansion.com/2008/10/21/empresas/1224621896.html
1 comentario:
Patxiiiiiii
Patxiiiiii, ¿está Patxi?
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