Cuando apenas falta un mes para las elecciones autonómicas y municipales, la Comisión Europea acaba de dar un tirón de orejas a los consistorios y gobiernos regionales. El motivo no es otro que las trabas impuestas al despliegue de antenas móviles, un asunto de enorme preocupación en Bruselas. De ahí que la comisaria europea para la Sociedad de la Información, Vivien Reding, haya decidido reclamar a las administraciones locales que faciliten con «máxima urgencia» el tendido, ante las dificultades con que se topan las operadoras para dar mayor cobertura. Las numerosas regulaciones -hasta 800-, los retrasos y las negativas «continuas» de los ayuntamientos y ejecutivos regionales son, para la Comisión, las causas por las que en España «no se han producido mejoras» en las infraestructuras.
Ante ese escenario, las autoridades comunitarias aprovechan el último informe del Ejecutivo europeo sobre el grado de desarrollo y estado de situación de la Sociedad de la Información, para exigir una mayor «coordinación entre las administraciones locales y regionales». En opinión de la Comisión, el despliegue de redes «es una cuestión de suma importancia», principalmente para el desarrollo de servicios UMTS (sistema de telecomunicaciones móviles de tercera generación), la puesta en funcionamiento de un cuarto operador y el cumplimiento de los criterios de calidad que se exigen a las compañías del sector.
Es más, Bruselas recuerda que hay ayuntamientos donde se ha empezado a imponer una tasa de ocupación de dominio equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos a los operadores de móviles. Una norma, de la que habían quedado excluidos en la última reforma de la Ley de Haciendas Locales de 2003, y que se niegan a pagar tanto Telefónica, como Vodafone y Orange.
Curiosamente, el informe subraya la «competencia creciente» en el mercado de móviles, con la entrada de nuevos operadores, lo que ha repercutido en una mejora de los precios al consumidor. Y también se hace eco de la reciente aparición de los operadores virtuales, así como de la cuarta licencia de UMTS (Yoigo). Dos aspectos que dispararán el tráfico de móviles. En la actualidad, éste ya representa el 43% del total del mercado de voz, lo que, según Bruselas, significa que en España hay una «elevada penetración» del móvil, por encima de la media comunitaria.
Se da la circunstancia de que, a pesar del freno de los ayuntamientos y las comunidades autónomas al despliegue de antenas móviles, son estas administraciones las que demandan más servicios de telefonía, que aparecen, además, en los programas electorales. Las urgencias (112), la telemedicina (citas por SMS), la asistencia a mayores o el control de la violencia de género (alertas a móviles) son sólo algunos ejemplos. Los consistorios, sin embargo, bloquean la extensión de las redes por las presiones de los ecologistas y de los grupos vecinales, temerosos de la falta de seguridad de las instalaciones por las radiaciones emitidas.
Precisamente, hace apenas un año, el Tribunal Supremo respaldó la legislación vigente y determinó que las radiaciones de las antenas de telefonía móvil no son nocivas para la salud. De esta forma, daba por zanjada la batalla emprendida por varias organizaciones ecologistas y un buen número de ayuntamientos contra el despliegue masivo de estaciones base.
El Gobierno, a raíz del fallo judicial, decidió poner en marcha un plan para el control de las emisiones. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Industria, en las zonas rurales acaba de darse cobertura de telefonía móvil a 931 núcleos de población. Sin embargo, en otros 959, admite que se han presentado problemas de viabilidad para llevar a cabo las instalaciones, debido principalmente «a la negativa de los vecinos y a las dificultades de obtención de las licencias por parte de ayuntamientos y de comunidades autónomas».
El Ejecutivo tiene firmado un acuerdo para garantizar la cobertura de móvil en más de 5.000 municipios. El pacto, sellado en 2006, comprometía a las operadoras a invertir un total de 833,8 millones de euros. El objetivo era garantizar el servicio a todos los núcleos de población con más de 50 habitantes, así como a todas las centrales nucleares, complejos petroquímicos, autopistas, autovías y líneas ferroviarias.
Las operadoras, sin embargo, lamentan que los acuerdos se desarrollen con retraso, debido a las trabas normativas. España cuenta con una red de más de 40.000 estaciones base de telefonía móvil y, según el sector, se necesitaría multiplicar por dos estas infraestructuras en los próximos años, para asegurar el desarrollo de los servicios de comunicaciones móviles del futuro.
Bruselas urge a los ayuntamientos a que no bloqueen la instalación de antenas móviles
Ante ese escenario, las autoridades comunitarias aprovechan el último informe del Ejecutivo europeo sobre el grado de desarrollo y estado de situación de la Sociedad de la Información, para exigir una mayor «coordinación entre las administraciones locales y regionales». En opinión de la Comisión, el despliegue de redes «es una cuestión de suma importancia», principalmente para el desarrollo de servicios UMTS (sistema de telecomunicaciones móviles de tercera generación), la puesta en funcionamiento de un cuarto operador y el cumplimiento de los criterios de calidad que se exigen a las compañías del sector.
Es más, Bruselas recuerda que hay ayuntamientos donde se ha empezado a imponer una tasa de ocupación de dominio equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos a los operadores de móviles. Una norma, de la que habían quedado excluidos en la última reforma de la Ley de Haciendas Locales de 2003, y que se niegan a pagar tanto Telefónica, como Vodafone y Orange.
Curiosamente, el informe subraya la «competencia creciente» en el mercado de móviles, con la entrada de nuevos operadores, lo que ha repercutido en una mejora de los precios al consumidor. Y también se hace eco de la reciente aparición de los operadores virtuales, así como de la cuarta licencia de UMTS (Yoigo). Dos aspectos que dispararán el tráfico de móviles. En la actualidad, éste ya representa el 43% del total del mercado de voz, lo que, según Bruselas, significa que en España hay una «elevada penetración» del móvil, por encima de la media comunitaria.
Se da la circunstancia de que, a pesar del freno de los ayuntamientos y las comunidades autónomas al despliegue de antenas móviles, son estas administraciones las que demandan más servicios de telefonía, que aparecen, además, en los programas electorales. Las urgencias (112), la telemedicina (citas por SMS), la asistencia a mayores o el control de la violencia de género (alertas a móviles) son sólo algunos ejemplos. Los consistorios, sin embargo, bloquean la extensión de las redes por las presiones de los ecologistas y de los grupos vecinales, temerosos de la falta de seguridad de las instalaciones por las radiaciones emitidas.
Precisamente, hace apenas un año, el Tribunal Supremo respaldó la legislación vigente y determinó que las radiaciones de las antenas de telefonía móvil no son nocivas para la salud. De esta forma, daba por zanjada la batalla emprendida por varias organizaciones ecologistas y un buen número de ayuntamientos contra el despliegue masivo de estaciones base.
El Gobierno, a raíz del fallo judicial, decidió poner en marcha un plan para el control de las emisiones. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Industria, en las zonas rurales acaba de darse cobertura de telefonía móvil a 931 núcleos de población. Sin embargo, en otros 959, admite que se han presentado problemas de viabilidad para llevar a cabo las instalaciones, debido principalmente «a la negativa de los vecinos y a las dificultades de obtención de las licencias por parte de ayuntamientos y de comunidades autónomas».
El Ejecutivo tiene firmado un acuerdo para garantizar la cobertura de móvil en más de 5.000 municipios. El pacto, sellado en 2006, comprometía a las operadoras a invertir un total de 833,8 millones de euros. El objetivo era garantizar el servicio a todos los núcleos de población con más de 50 habitantes, así como a todas las centrales nucleares, complejos petroquímicos, autopistas, autovías y líneas ferroviarias.
Las operadoras, sin embargo, lamentan que los acuerdos se desarrollen con retraso, debido a las trabas normativas. España cuenta con una red de más de 40.000 estaciones base de telefonía móvil y, según el sector, se necesitaría multiplicar por dos estas infraestructuras en los próximos años, para asegurar el desarrollo de los servicios de comunicaciones móviles del futuro.
Bruselas urge a los ayuntamientos a que no bloqueen la instalación de antenas móviles
(El Mundo 23.04.07) Ana Lorenzo