La batalla entre la industria tecnológica y las entidades gestoras de los derechos de autor se recrudece.
Y no es para menos. Estas últimas, escudadas en la Ley de Propiedad Intelectual, quieren extender el llamado canon digital a buena parte de los dispositivos de reproducción o grabación audiovisual, que aunque realmente está diseñado para remunerar la pérdida de ingresos de los autores por la copia privada que realizan los usuarios –algo perfectamente legal– en realidad se está presentando ante la opinión pública como una reparación de la piratería.
Sin embargo, el fin –legítimo en un mercado asolado por las copias ilegales– no justifica en ningún caso los medios. En la práctica, la aplicación indiscriminada de este impuesto "privado" convierte a todos los usuarios en potenciales infractores de la ley, con independencia del uso que hagan del dispositivo adquirido. La penúltima batalla contra esta injusta política del "castigo para todos" está a punto de librarse en la arena de los fabricantes de móviles. Esta industria –que para más inri es el principal adalid de la descarga legal de música, ya que siempre ha respondido a una cultura de pago por los servicios– estudia ya la presentación de un recurso contra la aplicación del canon.
Porque además, previsiblemente, dada el enorme volumen de unidades que se comercializan –veinte millones anuales– los móviles se convertirán en el principal contribuyente del canon digital. Es lógico que la industria no quiera correr el riesgo de asumir una carga adicional, a todas luces injusta e innecesaria, que sólo sirve para engordar las arcas de quienes se ven incapaces de defender su propio negocio.
Móviles y canon digital
Editorial
Expansión
26.11.07
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