El rechazo unánime de los cuatro grandes operadores de telefonía en España a la cesión por el Gobierno de Zapatero de las competencias en esta materia al Ejecutivo vasco muestra lo erróneo de la medida.
Las compañías tratan de evitar convertirse en paganas de la necesidad de apoyos políticos por parte de Solbes para lograr la aprobación de los Presupuestos del Estado.
Es previsible que se produzca un aumento de la burocracia y de sus costes pero, sobre todo, certifica el fin de la unidad de mercado, ya que faculta a un gobierno autonómico a conceder una de las cuatro licencias de telefonía de cuarta generación.
Es decir, que uno de los principales operadores no tendrá red propia en País Vasco, debiendo alquilarla a un rival, como sucede con las conexiones internacionales, y trasladar este coste a sus clientes.
Tamaña irracionalidad económica provocó que ayer el secretario de Estado de Telecomunicaciones tratase de poner sordina en esta polémica al asegurar que la decisión aún está en fase de estudio. Medidas de este tipo son desincentivadoras de nuevas inversiones, claves para el desarrollo constante de la sociedad de la información.
Operadoras y regulación
Expansión. Editorial
28.10.08
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