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En España, resulta imposible no mencionar el hecho de que en una situación de transición entre la comunicación postal -puerta a puerta- y la comunicación electrónica, la Administración debe ser particularmente cuidadosa en los procesos de transición, para no perjudicar el derecho de los ciudadanos a la comunicación bajo la garantía del servicio público.
Mientras que en el modelo administrativo francés existe un Ministro (equivalente en la española a un Secretario de Estado, para todo lo relativo a los correos y las comunicaciones electrónicas y también un Código de Correos y Comunicaciones Electrónicas que prevé que el servicio universal se garantice en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos, incluidos los que no residen en Francia, (territorios de ultramar, antárticos y australes), en España, sin que resulten aclarados más factores que el de “rentabilidad” , se cierran oficinas de Correos en las Comunidades Autónomas cuyo habitat resulta “demasiado” disperso, y se suprime el servicio postal de reparto diario a poblaciones –en flagrante riesgo de aislamiento- de menos de 5000 habitantes; sin proporcionar -como solución de continuidad- un servicio de telecomunicaciones asequible que sustituya el correo convencional por el e-correo, con la capacidad técnica suficiente (en Mb) para “el recambio”. Si no existe la visión conjunta sobre el relevo de ambos factores, -correo y telecomunicación- la brecha digital fracturará hacia el aislamiento social, el desplome económico de ciertas áreas, y el desequilibrio inter-regional.
Por estas consideraciones, se justifica que la prestación del servicio universal de telefonía e Internet, debe ir acompañada, de la exigencia mínima -por parte de la Administración- del suministro de tecnología ADSL de 1 Mb, de manera que se pueda garantizar a todos los ciudadanos una comunicación “e-pistolar” elemental, cuyo uso cotidiano irá sustituyendo las previsibles carencias del correo convencional, y a la larga supondrá la generalización del cambio cultural.
Internet para todos
elpais.com
EDITORIAL
21.11.09
Etiquetas:El Servicio Público Universal de telefonía Parte III
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