El acuerdo alcanzado en Francia entre los proveedores de Internet, las entidades de gestión de derechos y varios ministerios para vetar las descargas gratuitas y el intercambio de archivos podría ser un ejemplo para España, pero para ello será necesario tanto una actitud dialogante por parte de las entidades de gestión de derechos de autor como una serie de cambios legislativos, a los que se opondrá, con uñas y dientes, la comunidad de internautas.
Fuentes de las operadoras consultadas explicaron que lo que ha sucedido en Francia no es tan diferente a lo que ha estado pasando en España. “Pero estamos tres años más retrasados debido a que el sector más duro de las entidades de gestión de derechos de autor han mostrado una actitud poco dialogante y nos han querido imponer condiciones inaceptables”, explicaron.
Los operadores consultados estarían dispuestos a colaborar con algún tipo de autoridad pública para el control de contenidos, siempre que esta fuera verdaderamente “neutral e independiente”. Frente a esto, las reclamaciones de la SGAE y sus socios, que intentaron introducir en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información la polémica enmienda 17bis, que obligaba a los operadores a retirar contenidos a petición de las entidades de gestión, y que exigía un bloqueo espartano de la compartición de archivos entre pares (P2P).
“No quieren una autoridad independiente, y desde luego no quieren que los usuarios estén representados, pero los operadores no podemos dar ese poder a nadie salvo a un juez o una autoridad garantista”, subrayaron estas fuentes.
Asimismo, confiaron en que 2008 sea el año del diálogo y que el sector más duro de las entidades de gestión, "que está acostumbrado a escribir directamente en el BOE", abra paso a los elementos más dialogantes”. También expresaron su esperanza en que una mayor participación de "los fuertes" sirva para mejorar relaciones.
En cualquier caso, los internautas españolas advierten sobre cualquier intento de seguir el ejemplo galo. “Lo de Francia ha sido el triunfo de la dictadura del culturetariado y ha cogido a la Sociedad Civil a traición”, explicó el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. “Crear cualquier autoridad que no sea un juez es una cosa muy rara", subrayó el directivo, quien aseguró que controlar el tráfico P2P supone infringir hasta tres derechos fundamentales de nuestro ordenamiento, como la privacidad de las telecomunicaciones y su no interceptación.
"La Agencia de Protección de Datos me ha garantizado que los datos IP son de carácter personal e inviolables", precisó Domingo, quien advirtió al Presidente del Gobierno que "si responde a la "valentía" que le pide la SGAE se encontrará con una caída en las líneas ADSL y con un boicot a la industria cultural que afectará a los resultados bursátiles de muchas compañías".
Las operadoras, dispuestas a vetar las descargas de Internet
si obtienen garantías legales
La Gaceta de los Negocios
28.11.07
Cuando todavía no ha terminado la batalla del canon entre Industria y Cultura, entre los fabricantes y las entidades de gestión de derechos de autor, nuevos tambores de guerra comienzan a escucharse en el horizonte, esta vez a causa de las descargas en Internet.
Se trata de un enfrentamiento largo tiempo vaticinado y que tuvo su primera escaramuza durante la tramitación de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. En su articulado apareció por sorpresa una enmienda, la 17 bis, que daba un enorme poder a las entidades de gestión de derechos para obligar a las operadoras a eliminar contenidos de la Red y forzar a sus abonados a cejar en las actividades que consideran ilegales.
Ninguno de los actores del mercado estuvo dispuesto a aceptar algo parecido, con una fuerte oposición del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi). Al final, dicho texto se cayó de la ley. Sin embargo, sería un error creer que esta unanimidad temporal se mantendrá en el futuro. Las operadoras, que cada vez hacen más hincapié en los eventos de televisión de pago, reconocen abiertamente que quieren limitar los intercambios de archivos, pero sólo si el marco legal les garantiza seguridad jurídica para hacerlo y la SGAE y sus socios se muestran más dialogantes. Las intenciones del Ejecutivo quedaron muy claras con la inclusión de la 17 bis, aunque ahora se limite a señalar que busca una “autorregulación” entre operadoras y entidades de gestión.
De hecho, todo apunta a que en 2008 España se replanteará una actuación a la francesa, con un gran acuerdo entre entidades de gestión, operadoras y Gobierno, frente a organizaciones de usuarios e internautas.
El problema es que estos últimos han mostrado un poder de convocatoria inusual, como demuestra el tremendo respaldo que obtuvieron en la batalla contra el canon digital, que ha servido de mucha ayuda al Ministerio de Industria en su pugna con Cultura. El hecho de que los precios de Internet estén bajo sospecha en nuestro país y la penetración relativamente baja de la banda ancha no ayudan a mejorar la situación. Con todo esto, parece imposible que el Gobierno vaya a meterse en esta pesadilla para su imagen pública antes de las elecciones. Después, todo parece posible.
Tambores de guerra en Internet
La Gaceta de los Negocios
Editorial
29.11.07
3 comentarios:
mercado... el mercado se come al mercado...
un abrazo, no estoy fino...
que pases una buena tarde
Graciassss por la información.
MIS SALUDOS
Ya sabéis, a hacer patria de la buena...o acabamos pagándo hasta estas visitas de cortesía tan agradables que nos hacemos...
;-)
Viva la Red libre
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